Tras casi tres años de uso obligatorio de las mascarillas, los españoles ya pueden despedirse casi de forma definitiva del último símbolo que queda de la pandemia del covid-19. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la modificación del real decreto de abril del año pasado, quitando la obligación de usarla en los transportes públicos, como ya adelantó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el pasado 26 de enero. Además, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 2 de febrero, acordaron que se retirarían también de establecimientos sanitarios como ópticas, centros de audiometría u ortopedias, manteniéndolas en centros y servicios sociosanitarios y en las farmacias. No obstante, aunque se haya aprobado hoy en el Consejo, no entrará en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual será el 8 de febrero.
Si bien es cierto que la decisión se había planteado en diferentes ocasiones, como ya adelantó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, consideraban que era imprudente por la situación sanitaria de China en las últimas semanas, las medidas que estaba implantando el Gobierno de Xi Jinping y la amenaza de la nueva variante. Este contexto hizo que optaran por la cautela hasta que se comprobara que no había ningún riesgo añadido. Así pues, la fecha de caducidad de la medida se ha puesto atendiendo a la actual situación de estabilidad epidemiológica y a los informes de expertos y sociedades científicas. «Esto es gracias a la excelente campaña de vacunación, siendo referentes a nivel internacional», ha afirmado Darias en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La decisión ha sido aplaudida por varios sectores, aunque ha recibido críticas por parte de algunas comunidades autónomas como Andalucía, donde la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, reprochó al Gobierno central que no hubiera convocado el Consejo Interterritorial antes de tomar la decisión (y no después, como ha hecho) y, además, afirmó que «no es el momento» de eliminar las mascarillas en el transporte público. Galicia también ha mostrado su descontento debido a que consideran que la ministra «no respetó el espíritu de co gobernanza que debe presidir este tipo de toma de decisiones».
Por otra parte, expertos como Daniel López Acuña, exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, tampoco apoyan la decisión del Gobierno. López Acuña afirma que «sería, en esta temporada, una insensatez, y no muestra más que una premura por querer pasar página sin poder hacerlo».
A pesar de ello, según una encuesta realizada a Ipsos a 400 personas tras el anuncio de la medida, siete de cada 10 españoles apoyan su retirada. Los que están de acuerdo argumentaban que si se había retirado de otros espacios públicos donde se concentra mucha gente, como centros comerciales o restaurantes, era incongruente que se mantuviera en el transporte, por ejemplo.
Las mascarillas se mantendrán en los establecimientos y servicios sanitarios como centros de salud, hospitales, farmacias, residencias y demás centros sociosanitarios, en cuyo caso serán obligatorias para los trabajadores siempre y cuando estén en contacto con personas residentes, y para los visitantes cuando estén en zonas compartidas. Esto, según la misma encuesta, es apoyado por el 80% de los consultados.
Por su parte, organizaciones sanitarias se han mostrado de acuerdo con la medida del Gobierno, aunque tanto enfermeros como epidemiólogos han pedido que las sigan llevando aquellas personas que tengan síntomas de gripe, covid u otras enfermedades respiratorias. Dicha petición coincide con las declaraciones de Simón, en las que apuntaba que aquellos que tengan síntomas, sean grupos de riesgo o vulnerables, deberían utilizarlas de manera responsable. «Hay que entender que nuestra salud afecta de alguna forma a la de los demás, sobre todo cuando hay una enfermedad infecciosa por medio», ha subrayado.
Texto e imagen: El Confidencial